Guerrero, seis ayuntamientos y 40 empresas, ante el Tribunal de Cuentas por los ERE

EP

• El ex director de la Junta y su sucesor, están imputados en la causa que instruye la jueza Mercedes Alaya.


• La causa hace referencia a un procedimiento del Tribunal de Cuentas iniciado a raíz de una denuncia del PP-A.


• El tribunal instruye dos piezas y una tercera, que aún no está avanzada.

Los exdirectores de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, seis ayuntamientos y 40 empresas han sido citados para comparecer este martes ante la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, por dos piezas que instruye este órgano fiscalizador relacionadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) detectados por la Administración andaluza y por las que se reclama un montante cercano a los cien millones de euros.

Fuentes del Tribunal de Cuentas han explicado que el procedimiento hace referencia a dos de las tres piezas que instruye este órgano a raíz de una denuncia formulada por el PP-A en 2011.

La instrucción de la tercera pieza aún no está tan avanzada, pero, según han indicado las mismas fuentes, es la que tiene una reclamación más cuantiosa.

Por un lado, por una de esas piezas, la instructora ha citado, a las 9,30 h, a Guerrero, que fue director general de trabajo de la Junta entre 1999 y 2008, y a su sucesor, Juan Márquez, que ocupó el cargo entre 2008 y 2010. Los dos están imputados en el proceso penal que instruye la jueza Mercedes Alaya.

Por otro lado, a las 13.00 h deberán comparecer los representantes de seis consistorios y 40 empresas, implicadas por subvenciones directas y ERE con prejubilados que supuestamente no se ajustarían a la legalidad vigente.

Denuncia

Según adelantó El País, el órgano fiscalizador pedirá a los supuestos responsables de las irregularidades que "depositen o afiancen el importe provisional del alcance, junto el cálculo también provisional de los intereses que pudieran resultar procedentes bajo apercibimiento de embargo".

La causa procede de una denuncia que formuló el PP-A en 2011 por los ERE con el objetivo de que este órgano "depurase responsabilidades contables y, en la medida de lo posible, se reintegren aquellos fondos que han sido indebidamente usados y que deberían servir para pagar a trabajadores en dificultades".