20MINUTOS.ES
El CIS ha avanzado los resultados del pasado debate sobre el estado de la nación, en los que no se ve un claro ganador. La igualdad entre Pedro Sánchez (21,7%) y Mariano Rajoy (21%) se pone de manifiesto en este barómetro, en el que el 37,2% cree que ninguno ganó.
(Más información en breve...)
EFE
La Plataforma Decidir nos hace Libres ha llamado a participar en la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, contra la reforma de la ley del aborto propuesta por el PP para exigir el consentimiento paterno a las menores que quieran interrumpir su embarazo.
La iniciativa del PP supone "un ataque frontal" a las jóvenes de 16 y 17 años y a todas las mujeres, que tienen derecho a decidir, ha subrayado en rueda de prensa la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Amalia Fernández. Según Fernández, la reforma es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la interrupción voluntaria del embarazo, dado que este órgano siempre ha otorgado primacía a la embarazada a la hora de tomar esta decisión por tratarse de "un derecho personal e intransferible".
La Plataforma, formada por cuatrocientas organizaciones sociales, mantendrá reuniones con todos los grupos parlamentarios para impedir la aprobación de la reforma que, según dicen, pretende sustituir la voluntad de las jóvenes de 16 y 17 años por la de sus padres, madres o tutores. Además, participará en la manifestación del 8 de marzo en Nueva York por la igualdad y reivindicará en la ONU el derecho a decidir de las mujeres.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis ha destacado además que la propuesta del PP va en contra de la normativa internacional que promueve el derecho a la autonomía del menor. Ha resaltado que la nueva norma afectará a las jóvenes en situación de vulnerabilidad, las víctimas de abusos sexuales, las que viven en familias desestructuradas, aquellas cuyos padres están en prisión o aquellas que no cuentan con la protección de una familia, que quedarán en "la más absoluta indigencia" y tendrán que "poner en peligro su vida" si quieren interrumpir su embarazo.
"Con 16 y 17 años puedes donar un órgano, hacerte una cirugía estética, casarte o emanciparte, pero no te quieren dejar interrumpir voluntariamente un embarazo salvo que tus progenitores lo acepten. Puedes decidir ser madre, pero no puedes decidir no serlo, salvo que tu madre y tu padre den su consentimiento", ha explicado Paloma Bravo, de la Asociación de Mujeres Malvaluna.
Ha indicado que la mayoría de las menores que acuden a abortar lo hacen acompañadas de sus padres y que la modificación de la ley propuesta por el PP "anula la capacidad de decidir de las jóvenes que están en situaciones de vulnerabilidad". "Es importante que el Gobierno desarrolle una educación sexual y la dote de presupuesto para evitar los embarazos no deseados y todas las consecuencias que tienen las relaciones sexuales sin protección", ha señalado Paula Gómez Cidoncha, de la Asociación de Mujeres Jóvenes.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis también se ha referido a las medidas económicas y sociales planteadas por el Gobierno, como las ayudas fiscales a las familias monoparentales con dos hijos, que ha calificado de "discriminatorias, atentatorias contra los más débiles y electoralistas".
EFE
Los inversores sacaron de España 800 millones de euros en todo 2014, frente a las inversiones por importe de 73.600 millones de euros que realizaron durante el ejercicio precedente, según la balanza de pagos que publica el Banco de España.
En cambio, durante el mes de diciembre los inversores inyectaron en el país 6.800 millones de euros, prácticamente la mitad de lo que invirtieron en diciembre de 2013, que ascendió a 14.100 millones de euros.
La salida o entrada de capitales es un saldo que resulta de tener en cuenta lo que los inversores españoles invierten fuera del país y lo que los extranjeros destinan a España en ese mismo mes.
En 2013, la mejora de la economía española y la mayor confianza en la misma llevó a los inversores a inyectar en España más de 73.000 millones de euros después de que en 2012 sacaran 173.191 millones de euros.
En el desglose de los datos, los 800 millones que sacaron los inversores de España en 2014 se debe, principalmente, a los 3.200 millones que salieron del país por inversiones directas y a los 800 millones por derivados financieros.
Por el contrario, entraron en España 1.000 millones de euros por inversiones de cartera y 2.200 millones de euros más por otras inversiones (préstamos, repos y depósitos, principalmente).
Por su parte, la posición neta del Banco de España frente al exterior registró en diciembre de 2014 una disminución por importe de 4.700 millones de euros y en el conjunto del año descendió en 24.300 millones de euros.
La autoridad monetaria advierte de que la implantación del nuevo sistema de balanzas de pagos, que ha supuesto la adaptación al sexto manual de Balanza de Pagos del FMI y la sustitución de fuentes de información, está generando "errores y omisiones" que se están concentrando sobre todo en la cuenta financiera, dado que la volatilidad de los flujos en esta cuenta son muy superiores a los que afectan a la cuenta corriente o de capital.
20MINUTOS.ES
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto fianzas por responsabilidad civil por un total de 4,3 millones de euros a 21 ex consejeros (de los 87 que llegaron a poseer una) que cargaron gastos personales a las 'tarjetas B' que fueron concedidas por Caja Madrid desde 1999 hasta 2012.
El magistrado ha fijado fianzas, que oscilan desde los 11.000 euros hasta los 610.000 euros impuesta al exconsejero de la caja propuesto por IU José Antonio Moral Santín, para cubrir las responsabilidades penales que puedan derivarse de la causa en la que investiga los gastos por valor de 15,5 millones de euros cargados a las 'tarjetas B'.
La fianza más alta es así la de José Antonio Moral Santín, que también fue el que más gastó con su tarjeta opaca, con la que gastó 456.522 euros. Como es preceptivo, el juez impone un valor de la fianza igual a "cuyo uso le fue atribuido, con el incremento legalmente establecido al respecto, de al menos un tercio de las mismas".
El auto asegura que "existen factores para determinar la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real. Tales son, sin duda, la gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos que en el presente proceso se persiguen".
El juez se apoya en una sentencia anterior (del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 2.014), en la que se dice que el más "elemental sentido común" impone al titular de una tarjeta de empresa excluir su utilización para gastos personales, que no revistan la naturaleza de gastos de representación y que "sean ajenos al ámbito de la empresa que la sufraga, sin necesidad alguna de limitación expresa" de quien haya autorizado el uso de la tarjeta.
En su auto, el juez advierte de que, de no depositar dichas fianzas, se procederá al embargo de los bienes de los imputados y considera evidente que no se trataba de "ningún tipo de retribución o complemento retributivo pues hacerlo con unas tarjetas entregadas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial".
EFE
El saltador de longitud Eusebio Cáceres no podrá competir en los Campeonatos de Europa de atletismo en pista cubierta por culpa de una lesión que ya le impidió disputar los Campeonatos de España.
A pesar de estar presente en la lista anunciada este jueves por Ramón Cid, director técnico de la federación, el atleta alicantino ha confirmado en su cuenta de twitter su ausencia en Praga, donde partía como uno de los favoritos a medalla, merced a su tercer puesto en el ránking europeo.
Finalmente Cáceres no ha podido superar sus dolencias en el tobillo de batida, que llevaba arrastrando desde la reunión de Estocolmo el jueves anterior a los Campeonatos de España, y confirma que a partir de ahora se centrará en la temporada de aire libre.
EFE
Suma y sigue… el euríbor, el índice al que se remite el 95% de las hipotecas en España, llega a otro mínimo histórico. El euríbor a doce meses cerrará el mes de febrero en el 0,25%, la tasa más baja de su historia y por segundo mes consecutivo por debajo del 0,3%, y abaratará las hipotecas contratadas hace un año en unos 155 euros al año.
En los últimos doce meses, el euríbor ha perdido cerca de tres décimas, pues ha pasado del 0,549% al 0,25% con el que cerrará el mes, a falta de una sesión para que concluya febrero. Por eso, para una hipoteca contratada hace un año, en febrero de 2014, de unos 100.000 euros y un plazo de amortización de 25 años, la cuota pasará de 356,81 a 343,89 euros, un descuento de casi trece euros mensuales o 155 al año.
El euríbor, calculado por la Federación Bancaria Europea con los datos de las principales entidades de la zona del euro, muestra en realidad el precio del dinero a un año en el mercado interbancario europeo, pero es la principal referencia hipotecaria a tipo variable.
La evolución del indicador depende de las subidas o bajadas de tipos que aprueba el Banco Central Europeo (BCE), que en su reunión del pasado septiembre redujo los tipos de interés al mínimo histórico del 0,05%, algo que no ha variado desde entonces.
Hay que retroceder hasta julio de 2008 para encontrar el máximo histórico del euríbor, que fue del 5,393%, y a partir de ese momento tomó una trayectoria a la baja que se paró en 2010, y que retomó a mediados de 2011. A lo largo de 2014 el euríbor osciló entre el máximo anual del 0,604% que alcanzó en abril y el mínimo histórico de diciembre, en el 0,329%.
EFE
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha abierto una nueva causa contra la Junta de Andalucía, tras una denuncia del PP andaluz y derivada del caso de los ERE, por los avales concedidos desde 2009 a empresas, y ha imputado a cuatro ex altos cargos de la administración andaluza.
En un auto dictado el día 24 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, la juez explica que abre la nueva causa para dar un "adecuado impulso procesal" tras la información que recibió relativa a los avales concedidos por la Junta a empresas en el caso de los ERE.
Fuentes del PP han destacado que la importancia de esta causa es que, a diferencia de los ERE, todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones de euros fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y los acuerdos fueron publicados en el Boletín Oficial (BOJA).
Este dato permite "intuir" que la investigación se dirige a la cúspide de la pirámide de la Junta de Andalucía: el Consejo de Gobierno, subraya el PP.
La juez ha imputado por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos al exconsejero de Innovación Martín Soler; al viceconsejero del mismo departamento Jesús María Rodríguez; al ex director general de la empresa pública IDEA Jacinto Cañete, y al secretario general de Innovación, Juan Francisco Sánchez, que han sido citados a declarar entre 5 y el 8 de mayo y están imputados también en el caso de los ERE.
Alaya ordena a la Intervención General del Estado una prueba pericial sobre las ayudas de salvamento, reestructuración y temporales concedidas a las empresas según una orden de 5 de noviembre de 2008 y otras sucesivas.
La prueba pericial pretende conocer si fue ilegal y produjo menoscabo en los fondos públicos lo ocurrido en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) en 2009, cuando se concedieron avales o créditos por 71,2 millones cuando el límite eran 18 millones.
En este sentido, pide analizar el acuerdo de Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 "y las alegaciones que a tal efecto realizó el que fuera director de la Agencia, Jacinto Cañete".
También pretende conocer si los avales fueron comunicados a la Consejería de Hacienda y si eran autorizadas por el consejo rector de IDEA, el Consejo de Gobierno y la Comisión Europea, así como el montante de los fondos públicos recuperados y si la Junta ha sido activa o no a la hora de recuperar los avales.
Además, quiere conocer si las garantías prestadas y las comprobaciones de idoneidad de los avales fueron las necesarias "o pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades".
Alaya pide indagar si las empresas recibieron también ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo por si se ha producido un incumplimiento del principio de ayuda única, y requiere a la propuesta de acuerdo del Consejo de Gobierno y el acuerdo de junio de 2010 por el que se ratificaron los avales concedidos en 2008 y 2009 y las actas de la comisión de viceconsejeros previa a estos acuerdos.
También solicita propuestas, anteproyectos y proyectos de presupuestos de la Consejería de Innovación e IDEA y las modificaciones presupuestarias para incrementar el crédito presupuestario inicial en la consejería.
A la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la juez le encomienda un atestado para analizar si puede existir delito por conceder en 2009 avales que superaban cuatro veces el techo presupuestario y se financiaron con transferencias de financiación de capital por parte de la Consejería de Innovación, o también por no perseguir su reintegro mediante la Agencia Tributaria.
En el atestado que encarga a la UCO, la juez quiere conocer si "la concesión o gestión ilícita puede o no extenderse a los avales y préstamos concedidos por la Agencia Idea con anterioridad a esta línea de ayudas y al margen del programa 31L de la Consejería de Empleo", un programa que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, denominó "fondo de reptiles".
La instructora ha emprendido la nueva investigación cuando ha logrado una plaza en la Audiencia de Sevilla y está pendiente de que el Consejo General del Poder Judicial le comunique si se acepta una prórroga que ha pedido para concluir otras macrocausas que investiga, como los ERE o los cursos de formación, que también afectan a la Junta de Andalucía.
